Actualmente, gracias a la separación de poderes con la que cuenta un país democrático como España, sólo un juez puede determinar si una página web debe o no cerrarse por incumplir la ley. Esto quiso romperse con la Ley Sinde, que buscaba que trabajadores del Ministerio de Cultura, es decir, poder ejecutivo, pudieran cerrar páginas web sin que el poder judicial estuviese involucrado. Ahora, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que le confiere ese poder.
 

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